Nada más incierto. La
reforma constitucional del 2010 no se hizo con esa finalidad.
Al revés, esa fue una reforma integral, pactada con todos
los sectores de la vida nacional, mediante un mecanismo de consulta popular,
como no se había hecho nunca en la historia nacional, que abarcó la casi
totalidad de la Carta Sustantiva, motivo por el cual muchos abogaban que se
hiciese bajo la forma de una Asamblea Constituyente.
En lo concerniente al
actual sistema de elección presidencial, no fue mi criterio el que prevaleció.
Fue el de otras fuerzas que consideraron que era más adecuado volver al modelo
alternativo de la Constitución del 1994, que continuar con el mecanismo
impuesto en la reforma del 2002.
Pero mi desapego y desinterés por ocupar cargos no proviene
únicamente de haber desestimado en dos ocasiones reformar la Constitución para
reelegirme. Eso viene de muchos años atrás, cuando, por ejemplo, en el 1986 fui
escogido como Diputado por el Distrito Nacional, y a pesar de haber sido
despojado injustamente de esa elección, no presenté un solo motivo de agravio
ante las autoridades de nuestro Partido.
Lo mismo volvió a ocurrir en el 1990. En esa ocasión se me
pidió , nueva vez, abandonar la boleta como eventual candidato a Diputado por
el Distrito Nacional, porque, supuestamente,
se tenía previsto que ocuparía la función de Canciller de la República,
en el caso hipotético de un triunfo en las urnas.Luego de los acontecimientos
que frustraron la llegada al poder de nuestra organización en esas elecciones,
un compañero, tal vez con el propósito deliberado de zaherirme, en tono sarcástico, me expresó:
¨Tu sabes que si hubiésemos ganado, a ti sólo te habrían propuesto la posición
de Vice-canciller.¨
Mi respuesta le sorprendió. Sólo atiné a decirle: ¨Pero es
que como Vice-canciller todavía habría sido demasiado para mí.¨
Posteriormente, en el 1993, cuando se me sugería ser
candidato a la Vice-presidencia para las elecciones del año siguiente, en 1994,
decliné amigablemente la propuesta, y hasta propuse quien sería el compañero más idóneo para tan
alta distinción.
Todo este relato lo he traído a colación para indicar que en todo lo largo de mi trayectoria política, tal
vez de manera atípica, nunca me he
procurado cargos o puestos. Los que se han conquistado a lo largo de los años, han sido sobre la base del reconocimiento
espontáneo y generoso de núcleos de amigos y compañeros que simplemente han
confiado en mí; y han creído ver en mi
persona determinadas cualidades que les
atraen y les simpatizan.
Pero ni antes ni ahora mi lucha jamás ha sido por un cargo.
Antes como en la actualidad, lo que siempre me ha animado es la lucha por una
causa. Por una causa que considere justa, noble y valedera.
Y en estos
momentos, la causa que asumimos es la del respeto por nuestra Constitución, la
defensa de nuestra democracia y nuestro Estado de Derecho. Lo hago porque como principal promotor o
auspiciador de la actual Carta Magna, sin que nadie me haya dado mandato para
ello, me siento, sin embargo, en la obligación moral de ser su guardián, su vigilante
y su centinela, al igual que todo el pueblo dominicano.
Pero, más
aún, lo hago porque percibo que en nuestro medio no se ha llegado plenamente a
comprender que el objetivo fundamental de una Constitución es el de establecer los límites al ejercicio del
poder político.
La Constitución, además de disponer la
protección y garantía del disfrute de los derechos fundamentales, contiene las
reglas del juego político; y es como el semáforo en rojo que indica cuando hay
que detenerse.
En la
historia nacional ha habido quienes osadamente han modificado nuestra Ley de
Leyes, para continuar su marcha desenfrenada, aún con la luz en rojo.
Y eso es
lo que no podemos permitir que ocurra nunca.
Un
destacado jurista y filósofo italiano del siglo XIX, Gian Domenico Romagnosi,
llegó a sentenciar que ¨La Constitución es la ley suprema
que un pueblo impone a sus gobernantes con el objeto de precaverse contra el
despotismo.¨
Parafraseando a Winston Churchill, el símbolo de la resistencia contra
los nazis durante la Segunda Guerra Mundial,
la Constitución ¨no es un sofá que toma la forma de la última persona
que se sentó en él.¨
En
definitiva, la Constitución tiene una función de legitimación del poder político,
tanto en su origen como en su desempeño. Para ella, la soberanía reside
exclusivamente en el pueblo, de quien emanan todos los poderes, los cuales
ejerce en los términos establecidos por la propia Constitución y las leyes.
Todo lo
que se haga contrario a la Constitución es nulo. La Constitución es la fuente
del Estado Democrático y Social de Derecho. Es la garantía del respeto a la
dignidad de las personas; del derecho a la vida; a la libertad de expresión; a
la integridad personal; a la libertad de conciencia y cultos; del derecho al
honor, a la educación, a la salud y al trabajo.
Hace
exactamente 50 años el pueblo dominicano se levantó en armas, en la gloriosa
gesta heroica del 24 de abril de 1965, exigiendo el restablecimiento de la
Constitución de la República, que había sido vilmente conculcada, infringida y
quebrantada, por los autores de la asonada militar de septiembre de 1963, que
puso fin, de manera abrupta, al primer ensayo democrático post-dictadura de
Trujillo, encabezado por ese gran maestro de la política y la literatura, el
profesor Juan Bosch.
Nosotros,
los miembros y dirigentes del Partido de la Liberación Dominicano somos los
legatarios universales de ese gran movimiento que fue la Revolución de Abril,
pues sin ese acontecimiento, el líder y fundador de nuestro Partido no habría
evolucionado en su pensamiento, dejándonos de esa manera huérfanos de una
orientación que nos sirviera para convertirnos en los arquitectos de nuestro
propio destino.
Sin
Constitución no hay patria. Sin Constitución no hay nación; no hay familia. Sin Constitución todos nuestros derechos son
desconocidos. Sin Constitución podemos ser esclavizados, tratados sin dignidad,
sin respeto, sin honor. Sin Constitución, sencillamente, no existimos.
Por eso
debemos conocer, respetar y honrar nuestra Constitución. Sólo ella nos protege
contra la arbitrariedad, el despotismo, la tiranía y la opresión.
Dominicanas y Dominicanos:
El pasado
30 de abril fue depositado por ante el Senado de la República, un proyecto de
ley que declara la necesidad de reformar la Constitución de la República en su
artículo 124.
Ese
proyecto de ley fue presentado por 13 honorables miembros de esa cámara
legislativa, conforme al artículo 269 de la Constitución, según el cual nuestra
Carta Sustantiva ¨podrá ser reformada si la proposición de reforma se presenta
en el Congreso Nacional con el apoyo de la tercera parte de los miembros de una
u otra cámara, o si es sometida por el Poder Ejecutivo.¨
El
objetivo del proyecto de ley, como acaba de indicarse, es el de reformar el
artículo 124 de la Constitución, que dice así:
¨El Poder
Ejecutivo se ejerce por el o la Presidente de la República, quien será elegido
cada cuatro años por voto directo y no podrá ser electo para el período
constitucional siguiente.¨
El
proyecto de ley para reformar la Constitución lo que indica es lo que sigue:
¨Artículo
1.- Se declara la necesidad de modificar el artículo 124 de la Constitución de
la República del 26 de enero del año 2010, así como el establecimiento de un
artículo tran]-sitorio en el texto de la misma, conforme se indica en el
siguiente artículo.
¨Artículo
2.- La presente reforma tiene por objeto:
¨a)
permitir que el Presidente de la República disponga del derecho de poder optar
por un segundo y único período constitucional consecutivo, no pudiendo
postularse jamás al mismo cargo.
¨b)
establecer un artículo transitorio en que se consigne de que en el caso
eventual de que el Presidente de la República actual, correspondiente al período
2012-2016, sea candidato presidencial
para el período 2016-2020, no podrá presentarse para el siguiente y para
ningún otro.¨
Como ha
podido constatarse, el objetivo de la reforma constitucional es el de hacer
posible la reelección presidencial para un segundo período consecutivo, y que
luego no pueda postularse jamás.
Como he
expuesto de manera consistente, estando en el poder o fuera de él, siempre he
estado de acuerdo con la reelección presidencial como figura jurídica, porque,
en realidad, cuatro años resultan pocos para un gobierno que está realizando una
buena labor.
Por eso,
en el caso de que así lo contemple la Constitución, al momento de iniciarse el
mandato presidencial, como fue mi caso en el 2008, lo ideal es que el pueblo decida en las urnas, y que el
representante del Poder Ejecutivo pueda tener la oportunidad de reelegirse para
un segundo período consecutivo.
Ese es el
modelo norteamericano, que empezó como costumbre cuando luego de haber agotado
dos períodos consecutivos de cuatro años, George Washington, el primer presidente,
no sólo de los Estados Unidos, sino del mundo, pasó a retiro.
Esa
práctica continuó con John Adams, Thomas Jefferson, James Madison, James Monroe
y todos los ejecutivos norteamericanos, hasta Franklin Delano Roosevelt, que
por el hecho de la Gran Depresión, en la década de los treinta, y la Segunda
Guerra Mundial, fue electo cuatro veces para ocupar la Casa Blanca.
Fue
después de Roosevelt, en la Enmienda No. 22 de la Constitución de los Estados
Unidos, ratificada el 27 de febrero de 1951, que vino a instituirse, por vía
constitucional, de sólo dos períodos presidenciales, y nada más.
Pero ni
siquiera en nuestra propia región de América Latina y el Caribe, ese sistema
norteamericano tiene carácter de validez universal. En México, por ejemplo, es
un solo período de seis años, llamado sexenio. En Colombia, después del
presidente Álvaro Uribe, dos períodos de cuatro años. Igual en Argentina. En
Brasil, son dos períodos consecutivos, brincar el tercero, y poder volver.
En Chile y
Uruguay es igual que aquí: un período sí y otro no. En Venezuela, es
indefinido.
En
resumen, lo que quiero hacer significar es que no existe un modelo único de
agotamiento de períodos presidenciales, aceptado de igual manera por todos. Por
tanto, no es válida la idea de que la reelección presidencial, por su propia
naturaleza, es mala. No es así. Si hubiese tenido esa creencia, no habría sido candidato a la reelección en el 2008 para un segundo período consecutivo.
El debate,
más bien, gira en torno a si es apropiado, si es correcto modificar la
Constitución con el único propósito de hacer potable la reelección
presidencial.
Por mi
trayectoria personal, ya se sabe que no soy partidario de ese tipo de acción.
Me inclinaría por el criterio de realizar esa modificación cuando recaiga en un
momento que no beneficie al incumbente, esto es, al presidente de turno, para
de esa manera no resquebrajar la institucionalidad.
Más aún,
considero que en casos de trascendencia
tal, como el de una modificación a la Carta Magna, que involucra el interés de
la nación, la fórmula más adecuada y eficaz para salir hacia adelante, es
mediante el diálogo, la construcción de consensos y la unificación de
criterios, tanto dentro del propio Partido, como en toda la sociedad.
Así se
hizo con la reforma constitucional del 2010, en la que las distintas
organizaciones cívicas del país fueron invitadas a participar de una consulta
popular, en la cual expresaron sus propuestas sobre cómo debía quedar
organizado el Estado dominicano del siglo XXI.
En adición
al mecanismo de las consultas populares, se creó una comisión de 15 juristas
expertos en Derecho Constitucional, que contribuyeron con el diseño técnico
jurídico final de las propuestas.
De esa
manera, en comunicación constante con todas las fuerzas vivas de la nación, en
forma abierta y democrática, se realizó la más profunda y progresista reforma
constitucional en nuestro país, después de la histórica y emblemática del 1963.
En
síntesis, aunque desde mi perspectiva no es lo más idóneo ni es lo más
apropiado, tampoco es que una Constitución no pueda modificarse para hacer
posible un segundo mandato presidencial consecutivo.
Desde el
punto de vista jurídico, se puede. Lo que ocurre es que tiene que hacerse
respetando el procedimiento consagrado en la
propia Constitución.
En ese
aspecto, me preocupa que en el debate
que ha surgido para modificar nuestra Carta Sustantiva, se quiera desconocer
que la ley que convoca a la Asamblea Nacional Revisora sea una ley orgánica, la cual, por
consiguiente, requiere de la aprobación de las dos terceras partes de los
presentes, tanto del Senado como de la
Cámara de Diputados.
Se
comprende que si para someter dicho
proyecto de ley, se requiere que no sea un solo Senador o un solo
Diputado, sino una tercera parte de los miembros del Senado, o una tercera
parte de los miembros de la Cámara de Diputados, es porque se trata de algo no ordinario, sino
especial.
Luego, si
conforme al artículo 271 de nuestra actual Constitución, para aprobar la
reforma propuesta, la Asamblea Nacional Revisora, que es la reunión de ambas
cámaras, Senado y Cámara de Diputados, requiere las dos terceras partes de los
votos, ¿ por qué razón, entonces, se le quiere negar la condición de orgánica a la ley que declara la
necesidad de reformar la Constitución?
Eso, que
parece un debate, más para abogados que para el resto de la ciudadanía, tiene,
sin embargo, una trascendencia enorme para el futuro de nuestra democracia.
Porque lo
que estamos discutiendo es si nuestra Constitución debe ser rígida o flexible.
Si es rígida es difícil de modificar, que es lo que se desea para cualquier
Constitución en el mundo. Si es flexible, entonces se hace susceptible de ser
modificada por cualquier capricho, quebrantándose, de esa manera, el Estado de
Derecho.
Pero,
además, me preocupa que se tejan ardides y se elaboren argucias para eludir el
hecho de que una reforma como la que se está planteando requiera de algún
mecanismo de legitimación popular, como sería el caso, por ejemplo, de un
referendo aprobatorio.
Para
aspirar a reformar la actual Constitución de la República y hacer posible la
reelección presidencial, se parte de la premisa del enorme respaldo que recibe
el Presidente de la República, en las distintas mediciones o encuestas que se
realizan.
Sobre esa
base, se ha levantado la consigna que se lee en letreros, en distintas partes
del país, de que el pueblo es el que manda.
Comparto
esa opinión. El pueblo es el que manda; y si es así, dejemos que sea el pueblo
el que efectivamente se exprese mediante la realización de un referendo
aprobatorio, para que diga directamente si quiere o no la reforma
constitucional, conforme al artículo 272 de nuestra Constitución.
Ese sería un ejemplo hermosísimo de
democracia directa, como nunca antes se ha visto en la historia nacional. De
esa manera, nuestro Partido de la Liberación Dominicana estaría a la altura de
las grandes expectativas nacionales, se cubriría nuevamente de gloria, y
dejaría escrito un nuevo capítulo ejemplarizador en las luchas de nuestro
pueblo por la democracia y la libertad.
Yo mismo
me sumaría con entusiasmo a esa gran jornada cívica. Recorrería el país
nuevamente, junto a todo el que se sienta identificado conmigo, en favor de que
el pueblo manifieste su voluntad en favor del cambio a la Constitución.
Se que lo
que late en el corazón de todos los miembros de la alta dirección de nuestro
Partido es que en estos momentos, por lo que refieren las encuestas, el
compañero presidente Danilo Medina es quien se encuentra en mayores
posibilidades de garantizar un nuevo triunfo morado en las urnas.
Si la
Constitución permitiera la reelección presidencial, como ocurría en el 2008,
todo sería muy fácil. Esta discusión no se habría suscitado. Todos estaríamos
apoyando a nuestra mejor opción. Pero resulta que la Constitución no lo
permite.
Aún así,
no es mi propósito erigir obstáculos en las aspiraciones legítimas de triunfo
que todos albergamos; y aunque por convicción y trayectoria, como he sostenido,
no soy partidario de modificar la Constitución con el único propósito de hacer
posible la reelección presidencial, me inclinaría reverentemente y con humildad
ante lo que sería la voluntad del pueblo, expresada en un referendo.
Ya lo
decía Abraham Lincoln, ese gigante de la lucha por la libertad, que salvó a su
nación de la inminencia de una gran división, en medio de la Guerra de
Secesión, para liberar a los esclavos, al afirmar: ¨La democracia es el régimen
del pueblo, para el pueblo y por el pueblo.¨
Nunca
temamos al pueblo. Dejemos que el pueblo hable. Así lo manda nuestra
Constitución.
En nuestro
humilde criterio, el proyecto de reforma
que se ha depositado en el Senado de la República, no ofrece, por sí solo,
suficientes garantías ni seguridad
jurídica en el sentido de que la reforma que se quiere hacer en la actualidad,
no volverá a repetirse en el futuro.
No es que
se ponga en dudas la palabra o las
sanas intenciones de los Senadores que
han formulado la propuesta de reforma constitucional. Es que, sencillamente, el
artículo transitorio que se aspira a consignar dejaría tan vulnerable la posibilidad de reformar
nuestra Constitución en el futuro, como en la actualidad interpretan algunos
miembros de nuestra comunidad jurídica que puede hacerse, esto es, sin aprobación de ley orgánica ni realización de referendo aprobatorio.
Eso,
naturalmente, sería sumamente peligroso para el porvenir de nuestro pueblo.
Sería nefasto. Sería catastrófico, ya que dejaría las posibilidades abiertas
para que en la posteridad surja algún
aventurero que modifique de nuevo
la Constitución, pero esta vez para establecer la reelección indefinida,
e intentar perpetuarse en el poder.
Así
tendríamos el Trujillo del siglo XXI, que vendría a cercenar nuestras
libertades, a mutilar nuestra dignidad y a truncar nuestro porvenir como
pueblo.
Eso no lo
podemos permitir. La historia condenaría a nuestra generación como
irresponsable, irreflexiva e insensata,
pues advirtiendo el peligro y la amenaza que significaba para el futuro de
nuestra democracia, de nuestra sociedad y de nuestras familias, no tuvimos el valor de alzar nuestra voz y actuar
en consecuencia.
Obviamente, lo hacemos con respeto; y lo que afirmo es que el proyecto
de ley, actualmente en el Senado, que procura modificar la Constitución de la
República es insuficiente, y por lo tanto, inaceptable, por el riesgo y la
inseguridad que implica para la supervivencia de nuestras instituciones
democráticas.
Aunque
para muchos resulta más que claro en la actualidad, para no dar lugar a dudas
en los años por venir, para que no haya ningún equívoco o falsa interpretación,
debería contemplarse modificar el artículo
270 del texto constitucional, para que en lo sucesivo, en forma directa
señale que la Ley de Convocatoria a la Asamblea Nacional Revisora debe ser
aprobada, ni siquiera como una ley orgánica, sino como una ley especial, con las tres cuartas partes de la matrícula
de ambas cámaras.
De igual
manera, debería someterse a modificación el artículo 271, para establecer que
en lo sucesivo, si la reforma constitucional versa sobre el mandato de elección
constitucional del Presidente de la República, la decisión deberá adoptarse
también por la mayoría de las tres cuartas partes de los miembros de la
Asamblea Revisora
Debería también someterse al
Congreso Nacional, para que rija en lo adelante, la ley que dispone la Consulta
Popular, para que pueda modificarse la Constitución conforme al artículo 210 de
la misma.
Finalmente, en lo atinente a la celebración del referendo aprobatorio,
previsto en el artículo 272, la propuesta es que el número de electores se
eleve del 30 al 60 por ciento de los inscritos en el registro electoral, para
de esa manera hacerlo más participativo y democrático.
La idea
es, vuelvo a repetirlo, que la Constitución sea rígida. Que no pueda ser
cambiada o modificada tan fácilmente.
Que no dé lugar a interpretaciones aviesas o acomodaticias. Que la
Constitución sea, de manera permanente, el pacto suscrito por los diversos
sectores que componen la sociedad dominicana, para que prevalezca siempre la
paz, el progreso y la convivencia civilizada.
Como puede
apreciarse, lo que sugiero es simple. No
persigo cargo o puesto alguno. Sólo invoco que se respete la
Constitución, para que un mal ejemplo de hoy no se convierta en la excusa o la
justificación del mañana; y que todo lo construido hasta hoy, con el esfuerzo
laborioso de todos los dominicanos y dominicanas, se destruya, por las
ambiciones irrefrenables de poder que cada cierto tiempo surgen en el horizonte
nacional.
Reconozco que como consecuencia de las discrepancias que se han
suscitado en torno al proyecto de reforma constitucional que procura la
reelección presidencial, ha surgido mucha intranquilidad y desasosiego en
nuestro pueblo, y mucha mortificación y
aflicción en la familia peledeísta.
A pesar de
nuestras diferencias, hago todo el esfuerzo para que nuestro Partido se
mantenga fuerte, cohesionado y unido. Por
eso, incentivo una línea de diálogo
permanente para superar nuestros escollos.
Todo lo
que he sido y soy políticamente se lo debo al profesor Juan Bosch y al Partido
de la Liberación Dominicana. Amo profundamente a nuestro partido de la bandera
morada y la estrella amarilla. Ahí me he formado. Ahí he luchado junto a mis
compañeros y compañeras durante los últimos 42 años, en favor de la democracia,
la libertad y la prosperidad de nuestro pueblo.
No escapa
a mi conocimiento, por demás, que en estos momentos el Partido de la Liberación
Dominicana es la única fuerza verdaderamente organizada que le queda a la
democracia dominicana; y que un
descalabro nuestro sería una tragedia para la estabilidad democrática de
nuestra nación.
Por tanto,
puedo asegurar que por la sensatez que nos caracteriza, por nuestro sentido de responsabilidad, por nuestra
visión de la historia, por nuestro compromiso con el futuro y por nuestra deuda imperecedera con nuestro
maestro y guía, el profesor Juan Bosch, nuestro Partido de la Liberación
Dominicana superará este trance; y saldrá más fuerte y vigoroso que antes, más
unido y más compacto, coronándose con
nuevas victorias en beneficio del pueblo dominicano.
En cuanto
a mí respecta, se que desde que culminó mi última gestión de gobierno, en el
2012, he estado en el ojo del huracán de intereses en conflicto y ambiciones
desmedidas de poder, que han procurado hacer mi voz irrelevante en el escenario
político nacional.
De manera sistemática, como tal vez
nunca antes ocurriera con figura pública alguna en la vida del país, se ha
intentado degradarme, deshonrarme y
hacerme añicos.
No se ha
logrado, ni se logrará, pues como dice la palabra, nadie que ha confiado en
Dios ha quedado defraudado. Por eso,
cada día salgo protegido, al hacer mío
el salmo 23, diciéndome:
¨Jehová es
mi pastor y nada me faltará...Me guiará por sendas de justicia y aunque ande en valle de sombra de muerte, no
temeré mal alguno, porque tú estarás conmigo.¨
En todo
caso, mi divisa es la de José Martí, el
Apóstol de la Independencia de Cuba, en cuyas frases inmortales dijera:
¨Un hombre
que oculta lo que piensa, o no se atreve a decir lo que piensa, no es un hombre
honrado. Un hombre que se conforma con obedecer a leyes injustas, y permite que
pisen el país en que nació los hombres que se lo maltratan, no es un hombre
honrado.
¨Hay
hombres que viven contentos aunque vivan sin decoro. Hay otros que padecen como
en agonía cuando ven que los hombres viven sin decoro a su alrededor. En el
mundo ha de haber cierta cantidad de decoro, como ha de haber cierta cantidad
de luz. Cuando hay muchos hombres sin decoro, hay siempre otros que tienen en
sí el decoro de muchos hombres. Esos son los que se rebelan con fuerza terrible
contra los que les roban a los pueblos su libertad, que es robarles a los
hombres su decoro. En esos hombres van miles de hombres, va un pueblo entero,
va la dignidad humana.¨
Muchas
Gracias.
Buenas
Noches.
