Dijo que están opuestos a la notificación que
recibieron, por primera vez, en el año 2011, debido a que carga demasiado los
costos de las firmas, medida que han rechazado.
Indicó que no consideran legal que la Siv sustente su
presupuesto en hacerle contribución a las firmas de contadores, cuando lo único
que hacen es darles servicios a las empresas que participación en el mercado de
valores.
Perelló que todas esas firmas están registradas
en la Siv, para poder accionar y el pago que se les requiere es una
contribución anual. “Pero, nosotros consideramos que es excesiva”, dijo
entrevistado en el programa Despacho Informativo, por la periodista Llennis
Jiménez, por Santo Domingo TV.
Dijo que les notificaron que van a modificar la Ley de
Mercado de Valores y que en el reglamento va el cobro, por lo que el pasado 4
se septiembre, le enviaron una comunicación al superintendente de valores, en
la cual le señalan los aspectos que deberían tomar en consideración en la
modificación de la ley, entre las que cito: las normas internacionales de información
financiera, “que deberían utilizar todas las instituciones dominicanas”.
En otro aspecto, el presidente del ICPARD denunció que
tienen otro conflicto con la Dirección General de Impuestos Internos (DGII),
porque luego que automatizó su sistema de presentación de declaraciones juradas
de las empresas y de las personas físicas, y de que creó su oficina
virtual, “no quiere hacer el sello virtual que está considerado en la Ley 633 y
en el Reglamento 20-32, para que nosotros tengamos la contribución del sello”,
y para que el Instituto de Contadores cuente con los recursos para capacitar a
todos sus profesionales.
Sostuvo que la DGII alega que tienen que adecuar su
sistema, “lo cual yo considero que es una excusa barata, porque sus técnicos
crearon la página completa, y por qué no pueden hacer una pequeñita
modificación para poner un código que diga esa declaración, mediante ese código
esta sujeta al pago de cien pesos por cada RD$10 millones de activo que tenga
la empresa”.
Precisó que ambas situaciones estudian recurrirlas
ante el Tribunal Superior Administrativo.
