Todos los incidentes planteados por la defensa buscan la anulación de toda la investigación y las pruebas en las que el procurador general de la República, Francisco Domínguez Brito, sustenta su acusación contra el grupo asociado en la Inmobiliaria Rofi.
Esta vez, la defensa descalificó al procurador para realizar dicha investigación, alegando que en el caso específico de los co-imputados, ninguno de los cuales es legislador, Domínguez Brito violó normas constitucionales. Afirmaron que la jurisdicción a la que corresponde hacer esa investigación es a la Fiscalía del Distrito Nacional, o en su defecto, a una comisión del Ministerio Público.






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