El acuerdo, que
sustituirá el vigente desde el 19 de junio de 1909 y vigente desde el 2 de
agosto de 1910, fue rubricado por la República Dominicana, en la persona del ministro de Relaciones
Exteriores, arquitecto Andrés Navarro, y por los Estados Unidos, el embajador de
ese país James W. Brewster, con la presencia del Procurador General de la
República, doctor Francisco Domínguez Brito, en un acto celebrado en la
Cancillería.
En un comunicado
dado a conocer a la prensa, la Cancillería aseguró que el nuevo tratado
eficientizará la cooperación entre los dos países para enfrentar los distintos
delitos, además de establecer en detalle los requisitos y los procedimientos,
así como las solicitudes de arresto provisional del imputado.
Se recuerda que
el canciller Navarro y el embajador Brewster coincidieron en señalar el 31 de
octubre del año pasado que el nuevo tratado garantizará el debido respeto a los
derechos humanos de cualquiera que sea el imputado solicitado por la justicia
de ambos países.
"Este es un
día histórico para la cooperación en el área de la ejecución de la ley entre
los Estados Unidos y la República Dominicana frente a las viejas y nuevas
modalidades del crimen y el delito. ", declaró el embajador Brewster tras
la firma del tratado.
Dijo que
"la actualización de este tratado será reflejado como una contribución
importante al creciente legado de colaboración en la historia de nuestros dos
gobiernos. Estados Unidos renueva su compromiso de trabajar con sus
contrapartes dominicanas para responsabilizar aquellos criminales que infrinjan
la ley, utilizando la extradición como una herramienta clave para reducir el
crimen y garantizar la seguridad ciudadana".
El convenio
establece en uno de sus articulados que los dos países se comprometen a
entregarse a los imputados requeridos para enjuiciamiento o para el
cumplimiento de alguna sentencia condenatoria, por "intento, conspiración
o participación en la comisión de un delito en cualquiera que sea el
grado".
Asimismo, son
extraditables los imputados del delito de fraude o evasión fiscal, violación a
los controles de importación o exportación de productos o dinero en efectivo,
entre otros.
En tanto que no
se concederá la extradición por delitos políticos o militares por asesinato,
homicidio, lesiones corporales, dolo, violaciones sexuales con danos y el
intento de conspiración.
En el acuerdo,
la República Dominicana y los Estados Unidos reconocen que la extradición es
una importante herramienta en la lucha contra el crimen organizado, "con
lo que se envíe un mensaje contundente que ninguno de las dos naciones servirán
como refugios para las personas acusadas o encontradas culpables de ningún
delito o crimen".
La Cancillería
precisó que la firma del nuevo tratado ha surgido tras un largo proceso de
negociación entre los técnicos expertos de los dos países desde octubre del
pasado año 2014.
La comisión
negociadora estadounidense estuvo conformada por asesores legales del
Departamento de Estado y del Departamento de Justicia, mientras que la
delegación dominicana estuvo representada por representantes de la Consultoría
Jurídica del Poder Ejecutivo, el Ministerio de Relaciones Exteriores (MIREX) y
de la Procuraduría General de la República.
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