SAN JUAN.- El gobernador de Puerto Rico, Alejandro García Padilla, buscará esta semana convertir en ley un proyecto para excarcelar a más de 200 confinados mayores de 60 años, una iniciativa con la que las arcas públicas ahorrarán cerca de $9 millones al año.
El Proyecto del Senado 487 propone que se libere a las personas de entre 60 y 64 que hayan cumplido un mínimo de 10 años de su sentencia y a los que tienen 65 años o más y hayan cumplido un mínimo de 5 años de prisión.
Para ser considerado por la Junta de Libertad Bajo Palabra el convicto debe haber mantenido buena conducta en la institución carcelaria por un lapso razonable de tiempo y no puede ser reincidente.
Entre otros propósitos, la medida tiene como objetivos ahorrar los $45,000 anuales que de media cuesta cada recluso y favorecer al colectivo de confinados de edad avanzada que no representan un peligro para la sociedad.
La legislación es de la autoría de los senadores Miguel Pereira, del gobernante Partido Popular Democrático, y Carmelo Ríos, del opositor Partido Nuevo Progresista.
El proyecto de los senadores Pereira y Ríos indica que más de 200 presos mayores de 60 años podrán quedar en libertad cuando el gobernador convierta en ley el proyecto.
"A medida que aumenta la edad de los convictos disminuye su peligrosidad", según explicó a Efe Pereira, que promueve también un proyecto para despenalizar el consumo personal de marihuana en Puerto Rico, otra medida que también aligeraría la población carcelaria.
Ríos, por su parte, resaltó que la proporción de ancianos en las prisiones puertorriqueñas ha aumentado debido a que muchos de los jóvenes terminan siendo asesinados o emigran a EEUU y defendió que en diez años el Gobierno no tendrá capacidad financiera para atender a una población carcelaria que tiende a envejecer.
"Yo creo que (con esta medida) tenemos un buen paso para atender esa población y los problemas que nos vienen en los próximos años. Aún estamos a tiempo", afirmó Ríos.
El proyecto fue enmendado esta semana en varios puntos por la Cámara de Representantes antes de aprobarlo. Esas enmiendas añadieron varios delitos que privarían a estos presos de obtener su libertad antes de cumplir sus sentencias.
Asi, inicialmente el proyecto sostenía que sólo se le daría la libertad a los reos que no hayan sido convictos por asesinato, secuestro de menores, agresión sexual, incesto, genocidio o crímenes de lesa humanidad, distribución de sustancias controladas a menores de 18 años y pornografía infantil.
