La soberanía nacional no es un concepto macerado en gabinetes, ni en billeteras, ni en nóminas inescrupulosas, ni en las arcas donde se depositan los intereses monstruosos. Ni se somete a chantajes, ni se encarta en la página completa de un espacio pagado, ni se discute a puertas cerradas en despachos, ni está sujeta a decretos. No tiene un porcentaje asignado del Producto Interno Bruto, ni le corresponde partida alguna en ningún presupuesto público o privado.
A la soberanía nacional le importan un carajo los beneficios que, a costa del futuro y de empeñar lo que no es suyo, vayan a embolsillarse los empresarios y los políticos corruptos que demandan para la patria soberana “un clima favorable de inversión”.
Desde la esencia misma del concepto, cuestiona y siempre ha cuestionado los principios que rigen lo “políticamente correcto” y es, en sí misma y a pesar de lo anterior, la UNICA garantía de seguridad jurídica para una nación.
La soberanía nacional, el interés colectivo, el futuro y la vida, no se negocian o no deben negociarse, porque a quienes se la juegan en ruletas, bonos, divisas, sanes, bingos, cuartillas tintadas con términos de referencia y CONTRATOS MODELICOS asesinos, les llegará su momento de que se les pase factura, y esa factura es más cara, mucho más cara y potencialmente sangrienta que las posibles sanciones implicadas en sacar un emporio chupasangre del territorio nacional o por ir a pelear un caso en los tribunales internacionales.
Contrario a lo que se piensan nuestros gobernantes y sus acólitos, la historia nunca ha durado un período presidencial, ni dos, ni tres; ni cuatro ni ocho ni doce años. Porque la historia es lo que hace un pueblo con sus derechos todos los días, y eso debieron pensarlo los gobiernos que otorgaron las concesiones mineras EN UN 43% de esta pobre mitad de isla, incluyendo en ese porcentaje nuestra Cordillera Central. Y en especial debieron pensarlo el vedetto de todas las fiestas internacionales y los “parties” crepusculares del neoliberalismo, Leonel Fernández, y toda su camarilla, quienes todavía piensan que en este país somos títeres movidos por los hilos de los negocios, turbios o no, que se les antojen hacer, como si este país fuera el patio del Palacio Nacional.
Y tal vez debieron discutirlo también con todas las asociaciones empresariales y todos los analistas constitucionales y todos los periodistas y los medios de comunicación que venden sus servicios al mejor postor, y etcétera, etcétera, etcétera, para que, como está ocurriendo en el caso más emblemático de nuestra historia contemporánea en términos de lo que de verdad significa SOBERANIA NACIONAL, no les saliera más cara la sal que el chivo. No les saliera el tiro por la culata.
Desde luego estoy hablando de Loma Miranda, porque ya el pueblo, soberano y dueño verdadero de los 48 442 km² que ocupa el territorio nacional, con su 0.7 % de agua, habló… y habló bien alto.
Los interesados en ahorcar la soberanía nacional, pueden gritar, patalear, tener aliados ministros o diplomáticos y gastar los millones de Chaflán, pero CUESTE LO QUE CUESTE, Danilo Medina tendrá que firmar el decreto que declara a Loma Miranda Parque Nacional.
Tendrá que hacerlo porque ya el espíritu soberano de este pueblo (que estos pendejos creen que pueden seguir vapuleando y maltratando a su antojo), había alertado a los interesantes interesados de que Miranda no era negociable… y aun así insistieron en negociarla. Que se atengan pues, a las consecuencias, que sabemos serán mucho menos terribles que quedarnos sin futuro para engrosar los bolsillos del presente.
Caiga quien caiga, ya este pueblo habló y puso en alto su bandera allí donde desemboca la esperanza desde el Río Jagüey.
Al presidente Medina que acabe de tomar la decisión que ya tomó el pueblo que lo puso ahí PARA ESO, para que haga LO QUE TIENE QUE HACER. Porque si cae Miranda, cae la República Dominicana. Pero eso no ocurrirá, porque hay muchos dominicanos y dominicanas en la disposición de entregar hasta la propia vida para evitarlo.
Por Martha Rivera-Garrido.
