El coordinador de la Alianza Dominicana Contra la Corrupción (ADOCCO), Julio César De la Rosa Tiburcio, pidió hoy al presidente electo Danilo Medina revisar el funcionamiento de las Altas Cortes (AC).
De la Rosa Tiburcio sugirió a medina que reflexione sobre la necesidad de someter ante la Asamblea Nacional la modificación de la Constitución para revisar la pertinencia y funcionamiento de las AC, ya que cada sentencia emitida por el Tribunal Constitucional cuesta casi cinco millones de pesos.
El monto del costo fue obtenido mediante un análisis comparativo realizado por la entidad que lucha contra la corrupción y la institucionalidad del país, a partir de la asignación presupuestaria establecida en el presupuesto del 2012 de 150 millones de pesos.
El presupuesto asignado dividido en 12 meses, ejecutado de enero a mayo suma 62.5 millones, distribuidos en la actividad laboral del TC, evidencia que en 14 sentencias emitidas por esta entidad se calcula el costo de cada una en 4. 4 millones.
Para el análisis ADOCCO tomó las estadísticas de la Sala Constitucional de Costa Rica, que de enero al 30 de marzo del 2012 lleva 4209 decisiones constitucionales.
A tomar la frecuencia del primer trimestre, en los meses de abril y mayo se estima que deberá sobrepasar las dos mil sentencias, ya que en el 2011 este tribunal finalizó con la astronómica cifra de 16,282 sentencias que versan sobre amparo y recursos de inconstitucionalidad.
En tanto, el Tribunal Constitucional Plurinacional de Bolivia dicto 526 sentencias, sobre inconstitucionalidad y amparo. En el caso de la Corte Constitucional de Colombia del 18 de enero al 16 de mayo del 2012 ha producido 371 sentencia en materia constitucional.
Para Julio Cesar De la Rosa Tiburcio, Coordinador de ADOCCO, lo vergonzante del Tribunal Constitucional, es el hecho de que la Suprema Corte de Justicia (SCJ) hizo entrega de 309 expedientes, introducidos por la vía directa de los cuales solo se han producido 14 sentencias.
De la Rosa Tiburcio señala que a estas decisiones legales no se les puede llamar sentencias, ya que de esas, seis versan sobre el Control Preventivo de Constitucionalidad, que podría ser tarea de cualquier imberbe abogado de Derecho Constitucional.
Añadió que cinco sentencias fueron declaradas inadmisibles, en unas dos se acogió parcialmente el recurso y otra fue emanada a favor de una amparista conviviente de un ex miembro de las Fuerza Armadas.
La denominada alta corte guardiana de la constitucionalidad no ha fallado, hasta el momento, ningún recurso de inconstitucionalidad de importancia de los 309 que heredó de la SCJ.
“Constituye un absurdo que el Tribunal Constitucional, no haya tenido la nobleza de decidir sobre recursos a nuestro juicio de importancia como el sometido por el Doctor Julio Aníbal Suárez Dubernay contra el acta del Consejo Nacional de la Magistratura (CNM) que lo destituyó como juez de la SCJ, así como otros casos” dijo el coordinador de la entidad que trabaje a favor del combate a la corrupción.
