NEYBA,- Las autoridades dominicanas deportaron a 244 haitianos después de que, cerca de la frontera entre ambos países, una pareja de ancianos dominicanos fue asesinada durante un robo perpetrado por dos nacionales del vecino país y una multitud enfurecida se vengó matando a un haitiano, dijo el domingo un sacerdote defensor de los migrantes.
El padre Antoine Lissaint de la Organización Jesuita para los Refugiados y los Migrantes de Haití dijo que una turba compuesta por dominicanos mató al hombre después de que la multitud culpó del apuñalamiento mortal de la pareja a personas de ascendencia haitiana.
José Méndez Díaz y Luja Encarnación Díaz, ambos de 70 años, fueron asesinados durante un robo en su casa, en el que los asesinos se llevaron dos sacos de café, informó la policía dominicana en un comunicado. Los detectives hallaron un cuchillo y un palo en el lugar.
Varios haitianos que han estado viviendo en la ciudad suroccidental dominicana de Neyba en los últimos años se refugiaron en una estación de policía por temor a represalias, dijo Lissaint. La policía entregó al grupo a los soldados dominicanos, quienes los llevaron a la frontera y allí los deportaron a Haití el sábado.
La Dirección Nacional de Migración de Haití recibió a los haitianos y les dio el equivalente de 22 dólares a cada uno para ayudarles a volver a la comunidad fronteriza de Thomazeau, su antiguo lugar de residencia.
El gobierno de Haití criticó la deportación. Salim Succar, un asesor del primer ministro Laurent Lamothe, dijo en un correo electrónico el domingo: "Hemos tomado algunas medidas para acoger a estas personas y desaprobamos la forma en la que se hizo esta repatriación".
Haití y República Dominicana han tenido una relación conflictiva como vecinos de la isla caribeña de La Española, pero las relaciones entre los dos se volvieron especialmente tensas desde que un fallo judicial dominicano en septiembre amenazó con revocar la ciudadanía a las personas de ascendencia haitiana.
Los defensores de los derechos humanos dicen que el fallo podría privar de derechos a más de 200.000 personas, despojándolos de los documentos que necesitan para trabajar y asistir a la escuela y negarles los pasaportes necesarios para viajar al extranjero, pero otros niegan esa posibilidad y ponen en duda esa cifra.
El gobierno dominicano anunció el viernes que ha desarrollado un plan para resolver la situación jurídica de las personas. Los detalles se darán a conocer una vez que el decreto esté firmado y entre en vigencia en los próximos días.
