Por Manuel Vólquez
Decenas de haitianos
están penetrando irregularmente a la República Dominicana con la intención de
ser incluidos en el Plan Nacional de Regularización que se apresta a implementar
el Estado dominicano, denunció el vicecónsul en Puerto Príncipe, Haití,
Antonio García Lorenzo.
Esta noticia era de
esperarse, pues la medida estatal abre las puertas al oportunismo y al desesperado
esfuerzo de los haitianos indocumentados por radicarse de manera definitiva en la
República Dominicana, un proyecto apadrinado por organismos internacionales a
través de las ONGs en el interés de encontrar una salida salomónica a la crisis
que afecta a nuestros vecinos.
Es un secreto a voces
que hay países ricos metidos de lleno en esta trama; de ahí los constantes
ataques contra el país, luego de la sentencia del Tribunal Constitucional que
ordena al gobierno regularizar el desorden migratorio que impera aquí, que a
fin de cuenta los más favorecidos en estos momentos son los haitianos
indocumentados.
Nuestra frágil frontera
es el hueco por donde se filtran hombres, mujeres y hasta niños del vecino país
en confabulación con militares radicados en los puestos de vigilancia en las
carreteras del sur y norte, específicamente, y choferes de minibuses que se
encargan de transportarlos y cobrar por ellos. Para esta gente, el dinero tiene
más importancia que nuestra soberanía.
Me inclino por los
buenos dominicanos que han hecho un llamado de alerta para que se tomen medidas
drásticas y extraordinarias en los puntos fronterizos para evitar la entrada de
inmigrantes a través de Haití o mediante trasiegos deshonestos de instituciones
extranjeras que tratarán, tal vez, de gestionar documentaciones dominicanas a
personas traídas a nuestros escenarios con esos propósitos.
Sabemos que la
aplicación de la Ley de Naturalización tiene su importancia en términos
políticos y sociales porque le quitará al gobierno una presión diabólica de
carácter internacional, sobre todo la Comisión Interamericana de los Derechos
Humanos (CIDH) y el Caricom, organismos que abogan para que se busque “una
salida humanitaria” a la situación de los indocumentados haitianos, aunque se
resisten a aceptarlos en calidad de inmigrantes en sus territorios.
La parte más clara del
caso radica en que diversos sectores del país consultados al respecto, ya
dieron su respaldo al Poder Ejecutivo, lo que representa un buen punto a favor
de las autoridades.
La población haitiana
crecerá de manera extraordinaria en el país a partir de la puesta en vigencia
de esa ley. Esa será la forma más fácil
de obtener una residencia dominicana, pese a que las autoridades se adelantaron
para garantizar que eso no ocurrirá. La entrada de esas personas hacia el
territorio nacional deja buenos beneficios económicos a las redes que trafican
con ilegales. De ahí nuestra inquietud.
Por un lado, se ha
obtenido una victoria al resolver parte del caso. Ahora, esperemos la parte más
negativa del problema y preparémonos para el ingreso masivo de indocumentados
de todas partes del mundo, sobre todo de mafiosos y criminales internacionales,
prófugos de la justicia de sus respectivos países, que toman a la República
Dominicana como refugio, disfrazados de inversionistas.
Sin querer entrar en el
espacio del pesimismo aberrante (ojalá ocurra un piadoso milagro), apenas
comienza a desarrollarse la película. Nuevos escarceos jurídicos podrían venir.
El autor es Periodista.
