El representante de Amnistía, Robin Guittard.
SANTO DOMINGO. Amnistía Internacional se mostró sorprendida por la aplicación retroactiva de la Constitución, tras calificar como una sentencia más política que jurídica, la emitida por el Tribunal Constitucional con respecto a la nacionalidad.
Asimismo, calificó como "un poco extraña" la decisión TC/0168/13 de la alta corte.
También considera que el fallo al parecer es contrario a las propias decisiones de la Corte Interamericana de los Derechos Humanos, que ordenó a la República Dominicana solucionar el problema haitiano.
"Así que vamos a analizar esta sentencia, pero de lo que hemos escuchado estamos bastantes sorprendidos de esta decisión, de aplicar de manera retroactiva la ley y la Constitución", expuso Robin Guittard, asistente de investigación y campañas para el Caribe del organismo.
Declaró que Amnistía hará llegar al país sus comentarios con relación a la decisión de la alta corte.
Insistió que la entidad está sorprendida que la máxima autoridad jurisdiccional del país aplica la ley de manera retroactiva, lo cual va en contra de todos los principios básicos del derecho.
A juicio de Guittard, la decisión también contraría las leyes del país, que las ordenanzas se establecen para el futuro, por lo que no tienen efecto retroactivo.
"Ya veremos en detalles los argumentos expuestos por el tribunal".
Recordó que Amnistía está monitoreando la situación desde hace muchos años.
"Estamos apoyando a varios sectores que solicitan poder tener acceso a sus documentos, desde los cambios del 2007 y desde la Constitución del 2010".
Guittard encabezó una comisión de Amnistía que visitó la Procuraduría General de la República, a los fines de interesarse sobre el proceso de investigación que se lleva a cabo en torno a la desaparición de Juan Almonte, en septiembre del 2009.
Recordó que hoy se cumple el cuarto aniversario del hecho. La comisión acudió acompañada de la esposa y una hermana del desaparecido.
Procuraduría
La comisión de Amnistía fue recibida por los procuradores generales adjuntos, Rodolfo Espiñeira y Bolívar Sánchez, así como Danissa Cruz, Procuradora Fiscal Titular de la Unidad de Derechos Humanos de la Procuraduría General de la República. Espiñeira explicó que pasaron revista sobre cómo se ha estado desarrollando el proceso de investigación, intercambiando ideas sobre las fases. "El compromiso del Ministerio Público y el Procurador General de la República es que esta investigación se lleve hasta las últimas consecuencias, no importa las personas que pudieran estar involucradas".
