Mientras el ministro de relaciones Exteriores, Carlos Morales Troncoso, urgió ayer a la Junta Central Electoral a que designe un funcionario para que la represente ante la Comisión Internacional de los Derechos Humanos, donde el Estado ha sido demandado por el supuesto despojo de nacionalidad a hijos de padres haitianos, el presidente de la JCE, Roberto Rosario, dijo que ese organismo no asistirá a la audiencia.
Rosario calificó como “irresponsables” y sin fundamentos en hechos reales, la demanda interpuesta por instituciones defensoras de los derechos de dominicanos descendientes de haitianos que afirman que la Junta Central los convirtió en apátridas.
En tanto, en una comunicación que le dirigiera, con atención al magistrado José Ángel Aquino, en su calidad de miembro de la Comisión Interinstitucional de Derechos Humanos, el canciller los insta a remitirle la información y documentación requerida “a más tardar el 30 de octubre del 2012”, ya que la CIDH otorgó al Estado un plazo breve para la acreditación.
La audiencia para tratar el tema “Derecho a la Nacionalidad de Dominicanos de Ascendencia Haitiana en República Dominicana”, será celebrada el próximo viernes 2, a las 11:30 de la mañana, en la sede de la CIDH, en Washington, D.C, explica Morales Troncoso a los magistrados de la JCE.
“Le solicitamos cortésmente que remita al Ministerio de Relaciones Exteriores la designación del funcionario que representará a la JCE en ese evento”, concluye la carta del canciller, anexa a la cual le remitió al presidente de la JCE el Oficio MP-RD-OEA No. 1191-12, del 22 de octubre del año en curso.
JCE no va. Rosario dijo ayer que ese organismo no asistirá a la audiencia a la que ha sido convocado por el CIDH, porque además de que fue notificado con poco tiempo para prepararse, tampoco se le ha suministrado los nombres de las personas que supuestamente han sido afectadas con el despojo de la nacionalidad.
En declaraciones al periódico El Nacional, Rosario expresó que el presidente Danilo Medina es quien traza la política internacional y cuál será el comportamiento en este caso, antes de que la JCE participe.
“No asistiremos, sino que sea el Gobierno a través de Cancillería”, sostuvo, al descalificar la denuncia.
Demandantes. Entre las organizaciones demandantes que participarán en la audiencia de la CIDH están el Centro Bonó y el Movimiento de Mujeres Dominico-Haitianas (Mudha).
También Solidaridad Fronteriza, Servicio Jesuita para Migrantes, Open Society Justice Initiative, Global Rights, Robert F. Kennedy Center for Justice & Human Rigths, Movimiento Socio-cultural de Trabajadores haitianos (Mosctha), Red de Encuentro Dominico-Haitiano Jacques Viau (RDHJV) y Global Rights.
Demandan además los centros Jesús Peregrino y de Formación y Acción Social Agraria (Cefasa), y Catholic Relief Services (CRS).
Los grupos defensores de los derechos de los afectados exigen que las autoridades dominicana les devuelvan su nacionalidad, porque en estos momentos son apatridas.
Los afectados han alegan que muchos apenas conocen Haití y que otros, incluso, nunca han ido al vecino país, por lo que es un crimen lo que se comete.
