El Presidente de la República,
Danilo Medina, envió a la Cámara de Diputados el proyecto de “Ley que extiende
el plazo previsto en el artículo 6 párrafo I de la Ley No. 169-14”.
La piezacontempla la ampliación,
por 90 días, del período en el que los extranjeros que quieran acogerse a dicha
ley pueden iniciar los trámites en las oficinas de regularización.
En la carta que acompaña a la
propuesta de ley, el Presidente observa que tanto el Plan Nacional de
Regularización de Extranjeros como los procedimientos contemplados en la Ley No.
169-14 son políticas públicas sin precedentes en la historia de la República
Dominicana, por lo que su implementación ha representado un gran reto
institucional, logístico y organizacional.
En concreto, el Gobierno ha
puesto en marcha24 oficinas de regularización de extranjeros,repartidas por el
conjuntodelterritorio nacional, y ha emprendido una campaña de difusión y
publicidad para informar a la población inmigrante sobre la necesidad de la
regularización y las vías para llevarla a cabo.
Sin embargo, la complejidad y
novedad del proceso “han limitado la apropiada y suficiente difusión del
alcance de las normas y los beneficios de las mismas”.
La carta de exposición de motivos
especifica también que debe tenerse en cuenta que “los grupos poblacionales a quienes están dirigidos
los procesos se encuentran, a menudo, limitados por la marginalidad y la exclusión”,
motivo por el cual“apenas unas 1,500 personas se han acercado a las
oficinas abiertas en todo el territorio nacional para solicitar su registro al
amparo de esta legislación” en los 90 días inicialmente dispuestos por el
reglamento de la ley.
Este es aún un pequeño porcentaje
de la población sin documentación que se calcula podría participar del
procedimiento establecido en la Ley 169-14.
El presidente Danilo Medina apeló
a la responsabilidad de los diputados, por entender que este proyecto “solo busca
cumplir a cabalidad con el espíritu de justicia y ordenamiento de nuestro
Estado que inspiró la ley 169-14”, aprobada con amplio apoyo de ambas cámaras.
Por último, la carta dirigida al
Congreso recuerda que“la
aplicación de estas iniciativas no solo redundarán en beneficio de las personas
involucradas, sino que es de un alto interés estratégico para el Estado
Dominicano su correcta implementación, desde el punto de vista de la seguridad,
el orden y el registro efectivo y riguroso de todas las personas que habitan
nuestro país”.
