Al dar cumplimiento al fallo del Tribunal Constitucional que ordena la entrega del listado de asesores a un ciudadano que lo reclamó, la Cámara de Diputados dio a conocer los nombres de ese personal, donde incluyó su labor y el salario que devengan cada uno, que va desde los RD$9,000 hasta los RD$50 mil cada mes.
El listado se encuentra disponible al público en su portal, en la sección de libre acceso a la información, tal y como lo había solicitado el ciudadano Manuel Muñoz.
El listado inicia con el profesor Rafael González Tirado, que desde 1979 presta servicios para la Cámara de Diputados y devenga un salario de RD$35 mil como asesor de la Oficina Técnica de Revisión Legislativa (OFITREL). Además, Valerio Bello Rosario, con RD$ 21,562.50, del bloque del Partido Reformista Social Cristiano (PRSC); al igual que Liliam Gómez de Montás, RD$15,043.44; Tulio Tejada Pérez RD$ 21,490.63, y Miguel Betances Valverde, RD$13,225.00.
José Abigail Cruz Infante, RD$ 33,062.50, asesor de FOPREL/ COOD y las comisiones de Turismo, Deportes y Juventud y Grupo Técnico Asesor; Félix Perdomo Figueroa, RD$33,062.50, asesor del PRSC, e Iván Rodríguez Batista, RD$50,600, asesor de la Comisión Permanente de Finanzas y Grupo Técnico Asesor. También Julissa García Guzmán, RD$11,819.84, asesora legislativo, del Bloque BIS-PPC, y Malge Rizek Ciriaco, RD$ 18,000, asesora técnico de gestión de proyectos de cooperación.
Además Michelle Morey Sánchez, RD$18,000.00, asesora bloque del PRD; Ana Mercedes Santana Peña, RD$17,596.15, del PRD; Dioscar Faña, RD$17,596.15, del PRD; Felipe de los Santos Guerrero, RD$17,596.15, del PRD; Alicia Jáquez Cruz, RD$17,596.15, del PRD, Tomás Guzmán Hernández, RD$44,000.00, asesor Comisión de Finanzas.
Asimismo, Marcos Cruz García, RD$ 44,000.00, asesor de Justicia; Teófilo García Matías, RD$17,596, asesor del PRD; Carlos Santos Durán, RD$35,000, asesor de la Comisión de Cultura, y Ricardo Martínez Moronta, RD$9,000, asesor de esa misma comisión.
También Jesús Pichardo Ureña, RD$29,000, asesor jurídico del PLD, y Desireé del Rosario Sosa, RD$30,000, asesora de la Comisión de Equidad de Género.
Algunos de estos empleados habían solicitado a la Suprema Corte de Justicia que no se entreguen sus datos personales al solicitante, indicando que el nombre y apellido son datos personales confidenciales y que deben respetarse de acuerdo a lo que establece la Constitución.
Igualmente, los asesores firmaron, en octubre de 2010, una comunicación que se envió a la Suprema Corte de Justicia donde señalan que no autorizan a la Cámara de Diputados a divulgar sus datos personales.
La cámara baja alegaba que existen fallos consecutivos de la Suprema desde febrero del año en curso y de innumerables jurisprudencias internacionales, para no entregar esos datos.
