No fue hasta este sábado cuando el ministerio público intervino, tras disponer el arresto del encargado municipal de Verón, Radhamés Carpio, de varios de sus empleados de los empleados y el retiro de un gredar que bloqueaba la entrada a la playa. Sin embargo, Carpio no ha sido arrestado por no encontrarse en el lugar.
La fiscal adjunta Elizabeth Rijo Rijo acudió al lugar, luego de recibir la queja de los munícipes, que alegaban que era ilegal el cobro por el uso de esa playa que es pública. La magistrada acudió acompañada de varios oficiales de la Amet, la Policía y Politur.
Desde el Miércoles Santo todo el que ha acudido a esa playa en vehículos livianos y motocicletas se le ha exigido pagar cien y 50 pesos, respectivamente. En cambio los que se han negado a pagar han tenido que ir a pie.
La comunidad de Verón aplaudió la medida del ministerio público por considerar que es una playa pública que los usuarios no deben pagar para disfrutar de ella.
