En Francia, la marca Panzani dijo también haberse visto afectado
PARÍS.- El ministro francés de Consumo, Benoît Hamon, indicó hoy que los platos preparados retirados de la venta por contener indebidamente carne de caballo no se tirarán, sino que se entregarán a asociaciones caritativas para que puedan aprovecharlos.
"Ahora corresponde a las asociaciones decidir si aceptan estas donaciones" porque para conservar y repartir esos platos hacen falta camiones frigoríficos y conlleva costes, señaló Hamon en una entrevista a la emisora de radio "RMC".
En cualquier caso, precisó que las que se queden con esa comida tendrán que informar a los beneficiarios últimos de que hay carne de caballo. El escándalo por el fraude de la carne de caballo tuvo un nuevo episodio en Francia el martes, cuando Panzani -filial del grupo español Ebro Puleva- dijo también haberse visto afectado.
En concreto Panzani explicó que se había encontrado carne de caballo en latas de ravioli vendidas en Francia y fabricadas para su marca en régimen de licencia por William Saurin, líder en este país de los platos preparados, que tiene los derechos exclusivos para hacer esos productos para su marca desde hace 13 años, cuando pertenecía a Danone antes de ser comprada por Ebro.
William Saurin aseguró que había sido "víctima de un engaño por parte de uno de sus proveedores" que no era el francés Spanghero, el importador que había comprado lotes de carne deshuesada de caballo procedentes de Rumanía a un negociante holandés para venderlos en su mayor parte al grupo también francés Comigel.
Comigel los transformó en una planta que tiene en Luxemburgo en platos preparados para diferentes marcas, como Findus, que fue quien inicialmente levantó el fraude. Por otro lado, Hamon indicó que en abril presentará un proyecto de ley que aumentará las penas por engaños en el sector alimentario.
Avanzó que en ese texto "vamos a multiplicar por 10 las multas" y que se estudia fijar la sanción en el 10 % de la facturación de la compañía infractora e inhabilitar en todo tipo de actividades comerciales a las personas que hayan sido condenadas por tráfico de carnes, negociar productos en mal estado, sustituir etiquetas u otros fraudes.
"El perjuicio es suficientemente grave para el consumidor para que las penas sean realmente disuasorias", concluyó el ministro.
